El fuerte aumento de la carga impositiva y la caída de algunos beneficios fiscales han abierto un nuevo y potencial conflicto entre la Asociación de Transportadores de Carga de Tucumán (ATC) y el Gobierno de la provincia que podría dañar seriamente nuestra economía. La entidad, que agrupa a unos 1.200 transportistas de gran envergadura y a firmas particulares, ha alertado de distintas manera la crítica situación que atraviesa el sector como consecuencia del reajuste de un 40% para el patentamiento por cada vehículo de carga, incremento que surge a raíz de los cambios en las bases de valuación del régimen fiscal que llevó adelante el Poder Ejecutivo provincial.

Es que la revalorización de las patentes, sumado a la quita de los beneficios sobre la alícuota general -un privilegio acordado anteriormente con la Dirección General de Rentas de la provincia y la ATC- incrementó gravemente los costos, derrumbó los balances y tiró abajo las previsiones del sector. Hasta aquí ese beneficio que había posibilitado reducir el porcentaje de 1,5% a 1% del gravamen- con un tope de $ 2.000- permitió la incorporación al padrón recaudatorio de unos 3.000 rodados que estaban radicados en otras provincias desde 2009.

Habría que decir que el transporte de carga de Tucumán finaliza un año marcado por las dificultades, en razón de las pérdidas que ocasionaron las sequías y las heladas, fenómenos climáticos que provocaron una reducción considerable del movimiento. A esta caída del volumen transportado, tanto por las menores cosechas de soja, caña y citrus, debería agregarse la incidencia de los mayores costos que complican a toda la economía en general. Ese cuadro dramático ha ido derivando no sólo en pérdida y caídas de la rentabilidad, sino también en muchos atrasos con las deudas contraídas en la renovación de las unidades, a tal punto que hubo empresas que debieron deshacerse de los camiones porque les viene resultando imposible sostener el parque patrimonial ante la virtual imposibilidad de trasladar esa suba de costos a las tarifas, precisamente a raíz de la baja sustancial de la actividad que hizo añicos la estabilidad del mercado y anarquizó la oferta. En ese panorama, muchos asociados a la cámara y otros transportistas independiente son quienes han comenzado a imaginar medidas de protestas (un lockout, eventualmente) y acciones directas ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales. Una provincia marcada por las importaciones y el trasiego exportador depende en gran medida del movimiento de la carga, a tal punto que la evolución del Producto Bruto Regional está fuertemente vinculado a la eficiencia del sector.

En los años de gran crecimiento (2007/2008/2009) y el gran empuje de las economías regionales, había varias semanas al año en el que faltaban camiones para trasladar las manufacturas y las cosechas. Un empresariado y una entidad gremial consolidada generaron también iniciativas que redundaron en la superación de un sector que fue ganando vitalidad. Y sus datas no son para nada desdeñables: 5.000 camiones de distinto porte y características y unas 10.000 personas dependen de sus tareas. Es de esperar entonces que las negociaciones encaradas entre los empresarios y los funcionarios permita replantar el cuadro de situación. Las autoridades del Transporte de Carga aguardan un diálogo con el gobernador de la provincia en busca de respuestas a su reclamo. Las urgencias recaudatorias y las modificaciones de los acuerdos con los privados ante las necesidades fiscalistas no han sido buenos consejeros para resolver diferencias.

Por eso, resulta importante promover un llamado al compromiso con las responsabilidades institucionales, a la búsqueda de consensos entre los actores de esta causa, a la madurez para erradicar incertidumbres y para encontrar el punto de equilibrio que ahuyente incertidumbres y preocupaciones. El Gobierno debe dar muestra de esa vocación; los empresarios deben mantener el puso para quitar dramatismo a las perspectivas.